Se encuentra usted aquí

Funciones

Fiscalización

La función fiscalizadora del Consello de Contas tiene por objeto comprobar el efectivo sometimiento de la actividad económica, financiera y contable del sector público autonómico de Galicia al ordenamiento jurídico y al principio de racionalidad, determinada por criterios de eficiencia y economía. Se ejerce en relación con todos aquellos actos que den lugar al reconocimiento de derechos y deberes de contenido económico, así como con los ingresos y gastos que de ellos se deriven y, en general, con los relativos a la recaudación, inversiones o aplicación de los fondos públicos y su adecuación a la consecución de los objetivos previstos.

Después de la última reforma normativa de 2015, esta función se extiende a la fiscalización de la evolución de los bienes patrimoniales de las personas que ocupan altos cargos en el sector público autonómico.

La función fiscalizadora se concreta principalmente en la elaboración de informes de fiscalización, que se envían al Parlamento de Galicia y a los entes fiscalizados. Los informes contienen las observaciones y recomendaciones derivadas de la verificación de la actividad económico-financiera objeto de control, de acuerdo con las técnicas y procedimientos de auditoría pública. Cuando el Pleno del Consello, como resultado de su actividad fiscalizadora, aprecie la existencia de indicio de responsabilidades, debe hacerlo constar en el informe y trasladar la información relativa la estas actuaciones a la instancia pertinente, y comunicarlo al Parlamento y al ente fiscalizado.

Funciones en materia de prevención de la corrupción

En el ejercicio de la función de la prevención de la corrupción, el Consello de Contas asume la competencia de colaborar con las Administraciones sujetas a su ámbito de actuación con propuestas en la elaboración de códigos de conducta y manuales internos de gestión de riesgos, la comprobación e idóneo diseño de los sistemas y planes de prevención que se pongan en marcha, el asesoramiento al Parlamento y a las Administraciones públicas sobre los instrumentos normativos más acomodados para prevenir la corrupción y el fomento en la sociedad civil y, particularmente, en el ámbito empresarial de la transparencia y el comportamiento ético en sus relaciones con el sector público.

Función consultiva

La función consultiva se concreta en la emisión de dictámenes y contestaciones a consultas en materia de contabilidad pública y gestión económico-financiera solicitados por las instituciones públicas y entidades previstas en la ley; a las consultas solicitadas por el Parlamento sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma y su ejecución y liquidación, y la aquellas solicitadas tanto por el Parlamento como por la Xunta sobre proyectos normativos que afecten a los ingresos y gastos públicos.

Abarca también la emisión de informes que solicite la consellería competente en materia de haciendas locales para resolver las discrepancias que le sean elevadas la este órgano por las personas que ocupen la presidencia de las entidades locales a través del procedimiento regulado en la normativa del Estado.

Por último, la emisión de informes sobre las proposiciones de ley y los anteproyectos de ley que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de las propias funciones del Consejo.

Actuaciones delegadas por el Tribunal de Cuentas

El Consello de Contas puede actuar por delegación del Tribunal de Cuentas, tanto en materia de fiscalización como en la realización de actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables, tramitando los procedimientos correspondientes. Estos tienen como finalidad investigar la existencia de incumplimientos por los responsables del manejo de caudales o efectos públicos que, por dolo, culpa o negligencia grave y con actuaciones contrarias a la normativa contable y presupuestaria, provoquen un perjuicio económico cuantificable y cierto a las entidades que componen el sector público. En el caso de producirse esa delegación, una vez finalizados estos procedimientos el Consello los traslada al Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente para enjuiciar la responsabilidad contable.